domingo, 29 de junio de 2008

ARGENTINA / conflicto del campo: Contornos del soñado país federal y agroexportador

(Por Fabián Amico) Retenciones, distribución y políticas económicas.

El paro patronal agropecuario más extenso y salvaje de la historia argentina puso en evidencia la presencia de sectores en nada minoritarios, y extremadamente reaccionarios, que sencillamente aspiran a otro gobierno, otra política económica y otro modelo de país, sin retenciones ni subsidios ni ninguna otra política «distorsiva», como mantener un nivel de tipo de cambio alto, fijar retenciones o cosas por el estilo.

Son los sectores que gritan por Canal 13 y TN, con soberbia e ignorancia, que Argentina depende del campo y que lomejor que le podría pasar al país sería el retorno del modelo agroexportador, aunque ahora basado en la soja. Como dijo el inefable De Angeli: el problema no es la política agropecuaria ni las retenciones, el problema es el modelo económico y el gobierno mismo. ¿Cómo sería ese modelo de país agroexportador, agropecuario y «federal»?

El sector agropecuario no es el sector que más produce ni el que agrega más valor. En 2007 el conjunto del sector (agricultura, ganadería, caza y silvicultura) aportó apenas el 5,3 por ciento del PBI. En suma, es el octavo sector económico en importancia dentro de la economía argentina. Entre 2002 y 2007, el «campo» aportó solo el 3,7 por ciento del crecimiento económico global ocurrido en el periodo. Hay que decir, sin embargo, que el«campo» es un sector privilegiado desde el punto de vista tributario. Aunque se aduce sin pruebas que las retenciones afectaron su rentabilidad, en 2007, del total del impuesto a las ganancias, el sector agropecuario aportó el cuatro por ciento (¡con bonanza récord!).


La industria, por ejemplo, pagó nueve mil millones, que representan el 35 por ciento.

Desde el punto de vista de la generación de empleo, las cosas no son diferentes. Mientras en el primer trimestre de este año la industria empleó a 1.256.000 personas, la construcción hizo lo mismo con 433 mil personas. El comercio (minorista y mayorista) ocupaba a 991 mil trabajadores, el transporte y almacenamiento unos 501 mil y los servicios sociales, enseñanza y salud privados reunían a 697 mil empleados. En abierto contraste, el conjunto del sector agropecuario (agricultura, ganadería,caza y silvicultura) ocupaba tan solo 337 mil argentinos, pero mantenía el récord de empleo en negro con cifras de informalidad laboral cercanas al setenta por ciento y los salarios más bajos de la economía. Dado que el agro emplea menos trabajadores y les paga menos en promedio que la industria, el resultado es que la proporción del valor agregado que va a las ganancias del empresario es mucho mayor en el campo que en la industria. Significa, por ende, que el «campo» evade mucho más.

Si se eliminaran las retenciones, la inflación interna se aceleraría rápidamente reduciendo el tipo de cambio en términos reales (apreciación de la moneda local), y llevando a una caída progresiva del valor obtenido por los exportadores. Por ende, los productores de soja, que durante cien días mantuvieron las rutas cortadas rebelándose contra las retenciones, recibirían un precio por su producción aun menor del que hoy reciben con retenciones. Esto puede resultar paradójico solo para los interesados o para los ignorantes. En tiempos del menemismo, el sector agropecuario aplaudió la anulación de las retenciones y al final de la década 88 mil productores habían quebrado. Otros tantos permanecieron endeudados, al borde de la quiebra, hasta que los salvó la devaluación.

Respecto de la soja, aun con su continuo y sostenido avance en la superficie sembrada, las cosas no son mejores: es un tipo de producción que requiere aun menos empleo que el promedio del sector agropecuario y que agrega aun menos valor. El único justificativo de su existencia es que proporciona beneficios extraordinarios a quienes la siembran. Eso se aprecia claramente con lo que está sucediendo con el sistema de reintegros para los denominados pequeños productores de soja, girasol, trigo y maíz. Se presentaron nomás de 350 productores de un universo de más de 64 mil.

En verdad esas compensaciones son una concesión política dictada por razones de fuerza, pero son un error desde el punto de vista de la lógica que guía al sistema de retenciones, que está apuntado sencillamente a desalentarla producción de soja para favorecer la diversificación productiva en el campo. Esas compensaciones suman 500 millones de pesos que serían distribuidos entre productores, los cuales aun los más pequeños se ubican en la franja superior de la pirámide de ingresos.

Más que la anulación de las retenciones, los pequeños productores necesitan asistencia estatal para comprar insumos a precios razonables, acceder a arrendamientos normales y mejorar sus condiciones de negociación a la hora de comprar y vender. Nada de eso se obtendrá luchando al lado de la Sociedad Rural y de CRA. Las decenas de miles de productores sojeros que no reclamaron las compensaciones no lo hicieron porque en buena medida la mayoría de ellos opera en negro y les resulta más rentable hacerlo así que «blanquearse» y solicitar las compensaciones. En cualquier caso, quien así actúa demuestra que está lejos de ser afectado seriamente por el aumento de las retenciones.

Las compensaciones que los productores sojeros no quieren aceptar podrían así ser reasignadas a los grupos de la población que sí padecen verdaderas urgencias. Por ejemplo, los 500 millones de pesos rechazados por las entidades agropecuarias podrían destinarse a atender situaciones de indigencia, y a paliar los efectos del locaut agropecuario en el sensible mercado de los alimentos, cuyos precios aumentaron en promedio 23,2 por ciento y que afectan precisamente a los grupos sociales más empobrecidos. Antes del paro patronal del campo, los medios se dedicaban a sacar cuentas del crecimiento de los precios y su impacto en la pobreza. La noticia de que porcada punto de aumento de la canasta básica de alimentos cien mil personas caían en la indigencia era un elemento común del paisaje mediático. Esos cálculos han desaparecido de los medios en estos días de aceleración rápida de la inflación gracias a los cortes de rutas y frente a lo cual los grupos más vulnerables no tienen defensa. A los grandes medios y al «campo» eso no les interesa, como tampoco les importa quién va a dar empleo, pagar impuestos y producir en gran escala en el imposible país «federal y agroexportador» que ingenuamente añoran.

P.C. de la Argentina

sábado, 28 de junio de 2008

"ACCIÓN AMBIENTAL PODER CIUDADANO"


"Manifiesto al País"

David, 28 de junio de 2008.

El poder ciudadano, representado en el liderazgo de organizaciones ambientalistas, grupos cívicos y ciudadanos patriotas manifestamos lo siguiente:

1. El despiadado despilfarro y abuso del patrimonio de los panameños: ríos, reservas naturales, reservas minerales, suelos, costas, islas, montañas, terrenos nacionales, manglares y la biodiversidad, ante la actitud indiferente y cómplice de la explotación y saqueo de los recursos antes mencionados, por parte del Gobierno Nacional; cuya responsabilidad recae en el Presidente de la República, Ministros de Estado, Diputados y funcionarios comprometidos bajo la Constitución Nacional, leyes y convenios que salvaguardan y regulan el uso adecuado de los recursos naturales, y además los obliga a garantizar la conservación de los mismos; en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
2. La irresponsabilidad de los gobernantes, autoridades y funcionarios en la administración y cumplimiento de lo estatuido en la Constitución Nacional que rige para todos los panameños sin fueros ni privilegios.
3. El abuso de poder que se les ha dado y tolera a los inversionistas nacionales e internacionales, quienes han recibido concesiones del gobierno para proyectos de hidroeléctricas, minerías, oleoductos, refinerías y el mal llamado turismo residencial destructivo, en complicidad con las entidades gubernamentales, lo que ha causado desplazamiento forzoso de comunidades campesinas e indígenas sin consideración a las mismas: vejándolas en sus más íntimos sentimientos, derechos humanos y de panameños.
4. La riqueza natural (en la que destaca el agua, esencial fundamento de la vida) ha sido concedida, privatizada de manera arbitraria e irresponsable, causando mayor sufrimiento y empobrecimiento. Por consiguiente se está provocando en nuestro país la escasez acelerada de la producción alimenticia, que traerá como consecuencia hambruna y violencia generalizada.
5. La exclusión, por parte del Gobierno Nacional, en el uso de fuentes inagotables de energía limpia – no destructivas -- como lo son: la energía solar, eólica, geotérmica, marina. Su explotación industrial, no generaría serios daños irreversibles al planeta, como lo hace la energía hidroeléctrica.
6. Denunciamos y responsabilizamos al Gobierno Nacional, funcionarios, empresarios e inversionistas por cualquier daño moral, emocional, físico, económico u otro, presente y futuro; como resultado directo-indirecto de cualquier acción, intento, que se cometa o pudiera cometerse contra campesinos, indígenas, ambientalistas y organizaciones que luchan por sus Derechos Humanos y protección a la Naturaleza.


Por la paz social, equidad, justicia, conservación de la naturaleza, la vida y el agua, exigimos:

1. Que el Gobierno Nacional de Panamá y otros responsables, detengan y cancelen inmediatamente la construcción presente y futura de todo proyecto de HIDROELÉCTTRICAS en la Provincia de Chiriquí y en la República de Panamá.
2. Asegurar agua, no contaminada, para abastecer los acueductos rurales y las potabilizadoras en todo el territorio nacional, en toda época, invierno y verano.
3. Cancelar toda concesión de agua para futuros proyectos hidroeléctricos y otros que atenten contra la seguridad de la vida y la producción de alimentos para los panameños y residentes en el territorio.
4. Asegurar la autosuficiencia en el uso de las energías alternas (solar, mareomotriz, energía del viento, geotérmica, biomasa etc.) para la construcción de futuros proyectos – de cualquier tipo— que se pretenda instalar en la Provincia de Chiriquí y en la República de Panamá.
5. Vigilar para que los proyectos de todo tipo, incorporen una planta para el tratamiento de aguas residuales.
6. Igualmente rechazamos y exigimos el cese de todo tipo de proyecto que contamine el ambiente y atente contra la salud humana, como lo son los proyectos para la exploración y explotación minera, proyectos de refinería, de petroleras y el mal llamado turismo residencial.
7. Reclamamos, al Gobierno Nacional del Señor Martín Torrijos Espino, respeto a los derechos humanos y constitucionales de los panameños.



Por las Asociaciones Ambientalistas de Chiriquí, Grupos Cívicos y patriotas panameños.


C. c.
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP),Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Ministerio de Comercio e Industria (MICI). Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Panameño de Turismo (IPAT), Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), BANCO NACIONAL., BANCOS Y FINANCIERAS PRIVADAS, Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), OILWATCH Internacional, Greenpeace Internacional, Organización Panamericana de Salud (OPS), Instituto Indigenista Americano, Indian Law Resources, Organización Interamericana de los Derechos Humanos, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión para los Derechos Humanos en Centro América - (CODEHUCA), Federación Internacional de Derechos Humanos – (FIDH), Corte Internacional de Justicia (CIJ), Organización de los Estados Americanos, Banco Mundial, Comité Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano Desarrollo (BID), Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura –UNESCO-- Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional (UNFIP) - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) -Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) - Fondo Monetario Internacional (FMI), Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas, Dependencia Común de Inspección (DCI), Coordinadora contra la Represión Policial e institucional (ORREP), Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM), Brigadas Internacionales de Paz, La Iglesia Católica, La Comisión Ecuménica de los Derecho
Enlaces Humanos, Equipos NIZKOR, Centro de Comercio Internacional (CCI), Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas (CINU), Grupos de apoyo a ONGs, Acción Ecológica, Grupo ADELA; OILWATCH Mesoamérica y otros Organismos Internacionales, medios de comunicación nacional e internacional.
Dado a los 28 días del mes de junio de 2008, en el anfiteatro del Parque de Cervantes Saavedra, en la ciudad de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá.


+ info http://oilwatchpanama.tripod.com



lunes, 16 de junio de 2008

Interés social y conflictos socioambientales

por corresponsal 'B'__________________________________________

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ASEP, mediante resolución del 19/10/2007, declaró de interés social y público el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos CHAN-75, CHAN-140 y CHAN-220 que buscan aprovechar las aguas del río Changuinola, otorgados en concesión a la empresa AES CHANGUINOLA, S.A.

Se pretende de esta manera satisfacer el problema de la creciente demanda de energía en el país, sin considerar los impactos negativos sobre la naturaleza, las personas y las comunidades que son obligadas a mantener un modelo de consumo insustentable de los recursos naturales como ríos y bosques.

Dentro de unos años, el problema habrá de repetirse, y los daños habrán de multiplicarse por haber dado rienda suelta a un modelo de consumo irracional e improductivo, concentrado en centros comerciales, apartamentos y oficinas de lujo; en lugar de haber promovido el ahorro y el uso inteligente y productivo de la energía.

La acción de la ASEP se basa en la Ley 6 de 1997 que asigna carácter de servicio público de utilidad pública a las actividades destinadas a satisfacer necesidades colectivas en forma permanente. Surge la pregunta, ¿cuál es la razón para declarar una serie de proyectos de una empresa específica como de interés social, si todo el sector comparte el mismo carácter antes señalado, dirigido teóricamente hacia el bien común?

El interés social es un concepto jurídico indeterminado que sirve de justificación a la actuación del Estado, entendiendo que su intervención en la vida de todos los ciudadanos debería estar motivada y dirigida hacia nuestro bienestar. Según la opinión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá el fundamento de bienestar social e interés público significa que debe “procurarse la satisfacción y protección de intereses colectivos” entendido como la “conveniencia de la mayoría frente al egoísmo de cada cual” (fallo del 15/11/2000, Sala Tercera).

Según especialistas internacionales, “no basta con decir que hay interés público, hay que concretar en qué consiste...no se puede decir que hay urgencia sin explicar en que consiste esa urgencia y si se alude a la necesidad es preciso también explicar lo que se entiende por ella” sin embargo, “la utilidad pública o el interés social serán objeto de concreción atendiendo a los valores sociales predominantes en cada momento” (Serrano Ferrer, Motivación de conceptos jurídicos indeterminados, España).

Siendo justificante del uso de la fuerza del Estado dentro de una sociedad como la nuestra, con profundas y crecientes desigualdades entre distintos grupos humanos, se presta para que aquellos en condición de ventaja conviertan en legal cualquier arbitrariedad favorable a sus intereses, de manera que se siga agudizando la condición de exclusión social histórica de las grandes mayorías, se amplíe la brecha de desigualdad en el acceso a los beneficios de la vida en sociedad, se concentre cada vez más la propiedad de las recursos en pocas manos, afectando la sustentabilidad ecológica del país, la integridad de los espacios públicos disponibles para todos los ciudadanos y finalmente, la posibilidad del desarrollo por vías democráticas y pacíficas, como debe ser el deseo de todos.
¿Quién decide lo conveniente para todos dentro de un sistema que se dice democrático, pero que tiene grandes carencias en materia de transparencia y participación ciudadana; donde el apoyo a la educación y a la investigación científica es muy escaso limitando el conocimiento de la realidad del país y la capacidad de construir políticas públicas usando ese conocimiento; y donde ejercen gran peso los grupos de poder político y económico tradicionales a la hora de definir el equilibrio entre lo que es responsabilidad del Estado, lo que es permitido a la empresa privada y lo que es propio de las comunidades?

El problema es que dentro del gobierno, donde actualmente se toman las decisiones que nos afectan a todos, se aplica una escala de valores muy particular, que busca el beneficio y la comodidad de unos pocos en el corto plazo sin considerar el bienestar social y ambiental de las mayorías presentes y de las futuras generaciones.

La idea de interés social no puede justificar acciones por parte de las instituciones del Estado en contra de los derechos humanos dentro de los conflictos socioambientales actuales; que son producto del despojo histórico y la violencia a la que han sido sometidas a través de la historia múltiples formas de vida y culturas.

Conviene definir desde nuestras comunidades el conjunto de materias y acciones a ser consideradas y realizadas por razón de interés social, evitando que sea usado el concepto por conveniencia o capricho de un funcionario o empresario.

En este proceso es fundamental la consolidación del ejercicio democrático, participativo y coordinado en los movimientos ciudadanos y comunitarios, dirigidos a la creación de espacios propios de decisión incorporando criterios éticos, científicos y políticos, como la sustentabilidad ecológica, el respeto a los derechos humanos y la democratización de la sociedad, evidentemente distintos a los que han sostenido la idea de Estado centralizado.

sábado, 14 de junio de 2008

PANAMÁ: Habrá Petroleo.../Boletin Oilwatchinfo/13-6-08

Oilwatchinfo
Boletin Informativo Oilwatch Panama, República de Panamá
13/6/08/

Indice

  • Foro Social Ambiental en Veraguas
  • Oilwatch Panama en Conferencia sobre Nuevo Código Agrario
  • Denuncian que el boom panameño es 'una estafa' y atenta contra el medio ambiente
  • Presentan análisis de coyuntura: Petróleo y economía en Panamá
  • Oilwatch Panama en Conferencia sobre Nuevo Código Agrario
  • Habrá petróleo


Foro Social Ambiental en Veraguas

El fin de semana del 7 y 8 de junio, en el local de la ONG CEPAS, se realizó en Veraguas el Primer Foro Social Ambiental organizado por Oilwatch Panamá, Resistencia Ecológica y el Grupo de Derechos Humanos de la Universidad de Panamá, con el apoyo de la fundación Friedrich Ebert y la Asociación de Educadores de Veraguas.

En el evento se trataron importantes temáticas propias, de lo más actual de agenda de la lucha ambiental del país, como: la falta de ratificación del gobierno panameño del convenio 169 de la OIT; los mecanismos de consulta comunitaria como ejercicio ciudadano de defensa del ambiente; el fortalecimiento de redes de lucha contra los proyectos de desarrollo depredador; y Lucia Lasso de la ONG ACD, realizó un análisis de la movilización nacional de comunidades en marzo de 2008, que acamparon en el Parque Catedral del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.


La jornada culminó el día domingo en la ciudad de Santa Fe, al norte de Veraguas, con la participación en las jornadas de recordación del asesinato del Padre Héctor Gallego, realizado por la Cooperativa Esperanza de los Campesinos.




Oilwatch Panama en Conferencia sobre Nuevo Código Agrario
Miembros de Oilwatch Panama asistieron a una sesión como expositores en las Conferencias que viene realizando la Escuela Judicial sobre el nuevo Código Agrario, constituido ya en proyecto de ley.

Cambio Climático y su Impacto sobre la Producción Alimentaria y la polémica sobre los biocombustibles y los alimentos fueron los temas abordados por los compañeros Luis González y José González J., donde se hizo énfasis de que la actual crisis de no es sino una crisis de distribución de los alimentos y no como quieren hacer pensar los países del norte de que se trata una crisis alimentaria con causas neutras aparentes, a lo cual se suma (para empeorar la situación el fenómeno del cambio climático), el uso de transgénicos y el uso de alimentos para los conocidos "agro negocios" del etanol.


Se hizo énfasis en el carácter "agropecuarista" del nuevo proyecto de ley, como si viviéramos la realidad de los años 60`s del siglo XX; en otros términos, en el sentido escueto del enfoque doctrinal del proyecto, que reduce el tema agrario a un problema agrícola y deja abierta las figura de la "conseción" de tierras nacionales a los agentes económicos, como ocurre con la legislación sobre régimen hídrico que pretende aprobar la asamblea de diputados en el momento actual.



Denuncian que el boom panameño es 'una estafa' y atenta contra el medio ambiente
El boom económico que experimenta Panamá ha convertido su capital en 'un caos urbano' cuya promoción es 'una estafa' y un 'atentado contra el medioambiente', denunciaron a Efe profesionales de la construcción, representantes políticos y de organizaciones ciudadanas.


La ciudad se presenta como un abigarrado paisaje de rascacielos, muchos a medio construir, donde la opulencia y la pobreza comparten estrechamente basura en las calles, ruidos de obras día y noche, un tráfico colapsado y una bahía contaminada por las aguas servidas de la mayoría de su más de un millón de habitantes.

'Lo que ocurre es para llorar, es un deterioro a pasos agigantados, con la complacencia y la complicidad del gobierno', dijo a Efe la arquitecta Raisa Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental y secretaria general de la Alianza Pro Ciudad, de organizaciones no gubernamentales panameñas.

'Esta es una ciudad a espaldas del ciudadano, en la que se practica una arquitectura de mala calidad, sin el menor control y respeto a las leyes ni a un mínimo criterio estético, como resultado de una mezcla de torpeza y corrupción', añadió.


'La publicidad internacional que hacen sus promotores inmobiliarios es una gran estafa que ya ha sido objeto de varias demandas judiciales', denunció, por su parte, la prestigiosa arquitecta panameña Laura Candanedo.


Candanedo se refirió a las presentaciones gráficas que algunas empresas trucan para atraer inversores a los que les muestran modernos edificios, muy bien alineados, rodeados de zonas verdes y recreativas a orillas de un mar cristalino.


'Otro problema es que muchos de esos edificios nunca se construyen después de haber sido vendidos, sin que se les devuelva a sus compradores los intereses del dinero que desembolsaron, en un negocio que se ha convertido en muy lucrativo y sistemático', agregó esta arquitecta.


La capital panameña, según Candanedo, 'es un caos urbano, en el que todos tratan de estafarse; es un negocio para los funcionarios de gobierno; no existe la más mínima calidad de vida, ni siquiera hay aceras para caminar'.


El sector de la construcción es uno de los principales motores de la emergente economía panameña.


Todas las empresas constructoras presentes en este país, muchas de ellas extranjeras, y españolas en gran número, consultadas por Efe, aseguraron que se ajustan a la legalidad vigente en materia urbanística.


Entre las empresas españolas más conocidas del sector, además de un sinfín de inversores individuales, están el Grupo Olloqui, FCC, el Grupo Mall y Marina D'or.


Banfield advirtió, por su lado, del 'grave peligro medioambiental' que constituye una ley recientemente aprobada en el parlamento que permite construir edificios en las llamadas zonas revertidas, en pleno entorno natural del canal de Panamá.


'Esto amenaza con una extensión del desorden urbanístico y con un atentado contra el medioambiente', opinó.


La áreas revertidas son las que permanecieron bajo soberanía de Estado Unidos mientras ese país administró el canal interoceánico desde su conclusión en 1914 hasta 1999, cuando se lo entregó a Panamá.


En ese entorno existen algunas de las concentraciones de fauna y flora más ricas del continente americano y hasta ahora sólo se podía construir en él inmuebles de dos niveles como máximo.


Miguel Antonio Bernal, catedrático de derecho internacional y aspirante independiente a la alcaldía panameña en las elecciones del próximo año, declaró a Efe que 'el llamado boom de Panamá es una burbuja, alimentada por la práctica del lavado de dinero'.


'El supuesto desarrollo de Panamá no es más que el fruto de una anarquía empresarial, que actúa sin respetar las más básicas reglas cívicas, legales, de seguridad laboral, o el medioambiente', consideró Bernal.
'Al revés de lo que es habitual, aquí se inventa primero la trampa y luego la ley, para legitimar la primera', agregó.Las autoridades consultadas por Efe subrayaron que en Panamá existe un marco legal en materia urbanística y una Justicia independiente que atiende las demandas que en ese ámbito como en cualquier otro cualquier persona u organización puede presentar.

El alcalde de Panamá desde hace 10 años, Juan Carlos Navarro, en una reciente entrevista con Efe expresó su insatisfacción con el desarrollo urbanístico de la ciudad y eludió su responsabilidad porque, según él, esa es una competencia del gobierno central.


La ministra de Vivienda hasta hace dos meses, Balbina Herrera, también fue crítica con el desarrollo urbanístico de la capital panameña y dijo, en otra entrevista con Efe, que por eso ella promovió y consiguió la aprobación de la primera Ley de Urbanismo que ha tenido el país.


Navarro y Herrera compiten por ganar las elecciones primarias del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) para ser su candidato en los comicios presidenciales del próximo año.


"Maximiza la potencia y el rendimiento de tu auto. Ven a conocer Ferox". Así reza la invitación que están circulando los promotores de un nuevo producto introducido en Panamá con el objetivo de ahorrar hasta un 20% de combustible.
El problema del alto precio de la gasolina ha llevado a inventores y comerciantes a ofertar una serie de soluciones que vienen en pastillas, líquidos, fórmulas especiales y hasta imanes, entre otros aparatos, para controlar el elevado consumo y los precios.

Lo importante de estos compuestos es que son promocionados como "amigables con el medio ambiente", ya que en su mayoría ayudan a reducir las emisiones de gases tóxicos.

"Como un catalizador de combustible, Ferox ayuda a quemar las impurezas del combustible produciendo una mejor combustión, menor contaminación ambiental y ayuda al motor a recorrer más kilómetros por galón de combustible", precisa una información de Ferox, producto elaborado en Estados Unidos y cuyo inventor, Wes Parish, estará en Panamá el 17 de junio.

Así como Ferox, también se puede mencionar el caso de los hermanos Javier y Alexis Correa, quienes son los representantes de la pastilla Biomile, que proviene de Canadá y su demanda ha sido tan favorable en el país norteño que las reservas se agotaron, por lo que tienen que esperar dos semanas para que le hagan otro envío a Panamá.

Algunas de las propiedades de usar Biomile es que reduce también la contaminación hasta un 75%, protege las válvulas y el motor, prolonga la vida de las bujías, reduce costos de mantenimiento y aumenta de 50 a 75 kilómetros por tanque lleno. Además, que se puede utilizar en motores diésel y gasolina. Su costo está por el orden de los 2.50 dólares.


Voces en contra

Pero a pesar de todas las bondades que se señalen, el experto Francisco Ycaza alega que en sus casi 40 años en el mercado de los hidrocarburos la experiencia le ha demostrado que esos productos no funcionan y que prueba de ello es que no prosperan a través del tiempo.

"Mientras más suba el precio de la gasolina, más surgirán esas cosas en el mercado", acotó el empresario Ycaza.


Roberto Durán, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), tampoco cree en la eficiencia de estas fórmulas alternas. "Los autos están fabricados para el combustible que específica el fabricante, en caso de usar otro combustible no se puede honrar la garantía", precisó.
En el mercado panameño existen otras alternativas para ahorrar combustible como los son el
Extreme Fuel System, Gasolinadiesel.com, MPG- Caps TM y Fuel Optimiser.


En cuanto a este tema, en el Departamento de Invención del Ministerio de Comercio e Industrias está registrado un sistema de ahorro de combustible de la autoría de Edwin Ariel Tejedor a través de la instalación de una válvula, un filtro y un adaptador, así como un combustible tipo alcohol mejorado de Eloy Ellis Castillo y Porfirio Ellis Bonilla, además de otro a base de etanol de Luis Alberto González que se le conoce como M4.


Antes estas fórmulas para economizar combustible y abaratar el costo, Annette Sánchez, quien lleva unos 30 años conduciendo, asegura que estaría dispuesta a probar estos productos.
"Uno busca lo más barato, ya que el precio de la gasolina sigue subiendo", manifestó Sánchez.


Presentan análisis de coyuntura: Petróleo y economía en Panamá

Orlando Carpintero S.

ocarpintero@prensa.com



El Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá presentó la tercera edición del informe de análisis de coyuntura de cuatro temáticas diferentes: Perspectiva y proyecciones de los megaproyectos en el país; El trabajo informal; La degradación económica de las capas medias; y La inflación en Panamá.

En este último punto, el informe destaca el registro del nivel de inflación más alta que ha tenido el país en los años 1974 y 1980 en 16.9% y 13.8% respectivamente, debido principalmente por el aumento mundial del precio del barril de petróleo que impulsó la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Indica el informe que en Panamá el fenómeno inflacionario es poco tratado por las autoridades gubernamentales, por la estabilidad que ha gozado el país durante varias décadas.


La inflación trae como consecuencia la disminución de la capacidad adquisitiva de la población; en este sentido, el informe de análisis de coyuntura señala que de 1990 a 2000 una persona que ganaba mil 500 dólares perdió su poder adquisitivo en 219 dólares debido a una tasa de inflación acumulada de 14.6%. Mientras que de 2005 a 2007, la persona que tenía el mismo salario perdió 117 dólares en poder adquisitivo.



Habrá petróleo

Aet Elisa Tejera | Crítica en Línea

Aunque se están desarrollando otras alternativas en materia de combustible, Esso Standar Oil, S.A está convencida que habrá petróleo por los próximos 30 años y éste será la principal fuente de combustible, aseguró Eyda Varela de Chinchilla, gerente general de petrolera en Panamá.

El alza en los precios del petróleo es una realidad mundial a la que Panamá no escapa. Sin embargo, los panameños deben tomar conciencia y recurrir al ahorro de combustible, dijo Chinchilla durante la inauguración de la nueva sucursal, Esso On The Run en Vía Porras.

Esso Standar Oil, S.A, representan el 17 % del mercado de distribución de combustible local y su estrategia de mercado se basa en estaciones grandes, en lugares específicos agregó Chinchilla.